El Gobierno, a través de distintas resoluciones, autorizó a cinco operadores de cable para la venta de internet en sus áreas de cobertura. Esta decisión es considerada un hito en el sector ya que termina con el monopolio de ANTEL.
Nuevo Siglo (Riselco S.A.), Televisión Cable Color (TCC, Tractoral S.A.), Monte Cable (Monte Cablevideo S.A.), Praiamar y Korfield, son las compañías que recibieron una licencia de telecomunicaciones “Clase B” para brindar servicios de transmisión de datos. Las tres primeras ofrecen servicio en Montevideo, y las dos últimas son prestadoras de servicio en Colonia y Pando. Lo consiguieron luego de 15 años de buscar esta licencia.
Desde el año 2007, los operadores buscaron esta licencia de prestación de servicios de internet. Tras la protesta de estas compañías, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el artículo 56 de la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley de Medios), que prohíbe que los cableoperadores otorguen servicios de Internet.
Guzmán Acosta y Lara, Director Nacional de Telecomunicaciones, aseguró que “Con esto solucionamos un reclamo de muchos años de la industria. No podían dar internet por la prohibición de la Ley de Medios. Quienes iniciaron la acción de inconstitucionalidad podrían estar habilitados, pero los gobiernos anteriores quisieron que eso no ocurriera. Esto brindará más libertad a la gente y acceso a Internet más barato”.
Esta medida implica el fin del monopolio de la empresa estatal de telecomunicaciones del país, ANTEL, con lo cual hubo distintas reacciones. Por un lado, la secretaria general del Sindicato Único de Telecomunicaciones, Florencia Leymonie, declaró a la prensa que la resolución del Ejecutivo es “un asalto a la soberanía” y un “jaque mate” en el “desmantelamiento” que, denuncia, el actual gobierno promueve sobre la estatal.
Por su parte, Daniel Larrosa, el director de ANTEL por el Frente Amplio (FA, oposición), expresó que el argumento de la “inconstitucionalidad” que se utilizó para habilitar a las empresas de cable es “mentira”, ya que en otros casos el artículo 56 sÍ fue señalado “constitucional”. Añadió que el artículo 56 evita la concentración de medios, y con esta decisión va a haber “una concentración económica enorme, de cables, televisión abierta, radios, telecomunicaciones móviles y telecomunicaciones fijas”, sentenció.
En otro sentido, Gustavo Gómez, el director ejecutivo de OBSERVACOM, aseguró que la decisión del gobierno -sin que haya un cambio legal que le diera la posibilidad de otorgar licencias de internet a los pequeños cableros del Uruguay-, es una “mala señal” y es injusta, ya que da “más privilegios (aún) para las empresas de TV de Montevideo”.
